En la práctica, la medida limita movilidad de los turismos de gasolina matriculados antes de 2006 y diésel antes del año 2000, furgonetas anteriores al 1 de octubre de 1994, así como las motocicletas y ciclomotores previos a 2003 (cuando entró en vigor la Euro 2). Se calcula que unos 125.000 vehículos se verán afectados por unas restricciones que, en cualquier caso, no comenzarán a sancionarse hasta el 1 de abril (a las furgonetas se les concede una moratoria de un 1 año). Una red de cámaras gestionadas por AMB y el Ayuntamiento de Barcelona se encargará de gestionar la entrada y la circulación de vehículos, con una multa mínima de 100€ (se ha rebajado desde los 200€ previstos inicialmente). Una vez sancionado, el vehículo deberá salir de la ZBE en 90 minutos para evitar una nueva multa ese mismo día.
Como otras muchas iniciativas para la reducción de emisiones centradas en los vehículos (recordemos la disminución de la velocidad máxima a 110 km/h en todas las autopistas y autovías españolas en 2011, o a 80 km/h en las carreteras de acceso a Barcelona en 2008), la de la ZBE ha encontrado una fuerte oposición de buena parte de afectados, particulares o profesionales, por diversos motivos.
En primer lugar, la nueva normativa afecta solo a una parte del parque de vehículos, que por antigüedad se consideran más contaminantes, sin tener en cuenta qué uso se hace de ellos. De forma que grandes y potentes SUVs, de alto consumo y emisiones, podrán seguir circulando indiscriminadamente con un único ocupante a bordo, mientras pequeños utilitarios con sus 5 plazas ocupadas que recorren 5.000 km al año solo podrán hacerlo en el horario establecido.
Otro factor que ha motivado protestas es que, actualmente, el transporte público no tiene la capacidad para solucionar las necesidades de movilidad de muchas personas que, por trabajar o residir en zonas con menor densidad de población, carecen de una alternativa razonable para entrar o salir diariamente de Barcelona.
Existen algunas excepciones a la norma general, como por ejemplo que los vehículos afectados y los extranjeros tendrán autorización para circular hasta 10 días al año, previo registro en la web (zbe.barcelona) creada al efecto y pagando una tasa de 2€ por cada autorización solicitada, hasta un día antes del día del desplazamiento. Dicha exención será permanente para los vehículos de personas con movilidad reducida, servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancias) y servicios esenciales (médico, funerario), aunque también tendrán que registrarse.
No se ha contemplado, sin embargo, que los talleres puedan salir a probar los coches para comprobar su funcionamiento antes o después de una reparación, lo que obligará a "gastar" como mínimo uno de los días autorizados, más el que hará falta para pasar la ITV cada año...